Eliana Quiroz: “Antes que inversión, necesitamos políticas públicas para el desarrollo tecnológico”

Eliana Quiroz tiene más de 20 años de trayectoria. Ha trabajado en organismos de cooperación como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional y el gobierno boliviano. Pero si le piden que se presente, probablemente siempre dirá una cosa: “Soy una activista”.

Quiroz es coautora del libro “Bolivia digital, 15 miradas acerca de Internet y Sociedad en Bolivia”, publicado en 2016. Dirige actualmente la Fundación InternetBolivia.org, que promueve la defensa del derecho a la privacidad y protección de datos, la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Además, colabora con Hivos, como gerente de desarrollo para América Latina sobre derechos en la era digital.

“Este tipo de activismo es un poco diferente al activismo común. Terminas casi siempre detrás de una computadora”, cuenta Quiroz. Pero, al final, se trata de lo mismo: “En definitiva, quienes trabajamos derechos digitales lo que queremos es construir un mundo mejor y más justo”. Y este mundo mejor, dice, pasa por una América Latina “más cerca de las dinámicas y desarrollos tecnológicos”.

¿Qué aspectos no deberíamos dejar de considerar en la discusión sobre la inclusión digital en América Latina?

Creo que tiene mucho sentido en nuestra región hablar de inclusión digital, porque hay gran parte de la población que todavía no está conectada. Pero la inclusión no es solo poner fibra óptica. Implica también el desarrollo de habilidades y capacidades. Todo el tendido de infraestructura tiene que venir acompañado de una propuesta de alfabetización y una visión sobre derechos humanos en internet. Además de esto, creo que tenemos que hablar de tecnología soberana. No solo soberana para los Estados o para las empresas, sino también para las personas. Esto tiene que ver mucho con estándares abiertos, como el software libre, por ejemplo. Tiene que ver con las capacidades que deberían desarrollar nuestros países de poder estudiar la tecnología y poderla modificar de acuerdo con nuestras necesidades. Tiene que ver con el derecho a que los datos no sean colectados, extraídos y vendidos por empresas sin el consentimiento expreso previo de usuarios y usuarias.

¿Cuál crees que sea el principal obstáculo en este sentido?

No hay políticas públicas. Más allá de tener o no tener dinero, tiene que existir un acuerdo que diga: “Vamos a apostar por la tecnología de esta forma”. Antes que inversión, necesitamos políticas públicas para el desarrollo tecnológico. Y no pensar solo el desarrollo tecnológico desde la lógica capitalista. Tiene que haber lógicas diferenciales desde el sur, formas más dinámicas de manejar estándares abiertos. Sí se necesita dinero, pero la política juega un rol clave. Necesitamos funcionarios, decisores públicos, sociedad civil y medios, que impulsen un debate que tenga que ver con la tecnología, los derechos humanos y el desarrollo. Y, a partir de ese debate, poder llegar a acuerdos. Y, a partir de esos acuerdos, decidir cómo invertir dinero en políticas públicas.

En el ámbito de la privacidad y protección de datos. ¿Cómo podemos plantear un debate justo en este sentido de cara a la ciudadanía?

Lo que se está haciendo no está del todo mal, aunque es un poco amarillista. Se usan muchos ejemplos de fraude, de delitos informáticos que suelen aprovechar datos personales. Explicar esto está bien, porque conecta con lo que la gente vive día a día. Ahora, hay que fortalecer estatalmente los servicios de seguridad digital para las personas, de manera que se pueda también fortalecer las campañas informativas, pero no solo para asustar. Es importante explicar cómo se captan los datos personales, de qué manera utilizan las mafias estos datos, qué tipos de datos les interesa, quién compra y quién vende este tipo de datos. Esto no se sabe mucho. El mercado de la compra y venta de datos es un mercado muy lucrativo que no tiene regulación. Creo que hay que explicar, más allá del amarillismo, cuáles son los mecanismos del mercado tecnológico de datos.

La mayoría de las webs ya exhiben sus políticas de privacidad y solicitan el consentimiento. Suelen ser textos largos, que muchos usuarios aceptamos a veces sin leer. ¿Qué falla en esta dinámica?

Si depositas en los usuarios y usuarias toda la responsabilidad de su privacidad, no va a funcionar. Estás exigiendo demasiado. Hay empresas que tienen hasta 100 abogados armando contratos y estás pidiéndole a un usuario que entienda todo ese contrato. Eso es injusto. Hay un desequilibrio de recursos. Las personas no tenemos tantos recursos como las empresas. Por supuesto, la ciudadanía tiene que dar su consentimiento, pero tiene que haber un esfuerzo por parte de las empresas para explicarnos qué significan estas cosas, para que podamos dar un consentimiento mejor informado. En realidad, estamos dando consentimientos no informados y ahí hay un problema. No solamente que terminas dando 100 consentimientos al día, sino que no comprendes del todo a qué estás accediendo. Si miramos a Europa, los usuarios y usuarias están ampliamente informados y tienen una conciencia de lo que significa la protección de sus datos personales.

¿Y cómo se logra esto?

Es un tema cultural. Sobre todo, hay debate público. Si bien no hay grandes empresas tecnológicas basadas en Europa, sí hay muchos usuarios. Se comenzaron a generar discusiones desde la sociedad civil, desde las universidades, desde el Estado e incluso desde las mismas empresas. Hay muchos debates en torno a derechos digitales y privacidad. A partir de esos debates, uno va aprendiendo. Es importante contar con un ambiente de debate permanente. Y, por otro lado, debe haber más esfuerzo por parte de las empresas en general. Las empresas saben que casi nadie lee los términos de uso, así que hay una relación de abuso. Tiene que haber un cambio en las empresas, estructural. Pero si hay mayor sensibilidad de los usuarios sobre el uso de datos, van a aparecer alternativas tecnológicas que respeten su privacidad.

Europa también suele estar a la vanguardia sobre propuestas regulatorias en torno a las tecnologías…

Sí, hay que regular, pero Latinoamérica no tiene una institucionalidad fuerte como la que hay en Europa. Regulas, pero no tienes mecanismos de refuerzos que te permitan ejecutar realmente esas normativas. Es difícil. Sí, estoy convencida de que una de las respuestas es regular. Hay que educar, regular y negociar con las empresas. Pero queda una pregunta abierta para América Latina y yo no tengo la respuesta: ¿cómo hacemos para regular cuando hay institucionalidad débil?